El debate por el Impuesto a las Ganancias vuelve a encender todas las alarmas en el bolsillo de los trabajadores argentinos. Mientras la recaudación de este tributo muestra una curva ascendente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso bajo presión al gobierno nacional con una exigencia contundente: ampliar de forma urgente la base de la cuarta categoría antes que termine el año.
Actualmente, el esquema fiscal vigente en el país mantiene un piso salarial para tributar de $3.000.000 brutos mensuales para un empleado soltero sin cargas de familia. Con este umbral, el tributo alcanza apenas al 8,2% del total de los asalariados privados registrados (alrededor de 1,05 millones de personas), concentrándose exclusivamente en el decil con mayores ingresos de la pirámide laboral. Sin embargo, si el Ejecutivo cumple a rajatabla con el pliego de condiciones del organismo de crédito, el panorama cambiará de forma drástica.
La poda del FMI: quiénes volverían a pagar
La hoja de ruta sugerida por el FMI busca equiparar la recaudación por ingresos personales a los estándares promedio de la región, ya que el diagnóstico técnico señala que la base imponible actual en Argentina es «demasiado estrecha».
La intención de máxima es disminuir drásticamente el umbral del mínimo no imponible. De concretarse la reforma, se sumarían al padrón de contribuyentes unos 1.515.000 trabajadores adicionales, llevando la cobertura a casi el 20% de los asalariados registrados del país.
Esta ampliación de la base fiscal afectará de manera directa a la clase media y, fundamentalmente, a aquellos perfiles laborales que hoy se encuentran exentos por no alcanzar los 3 millones de pesos de salario bruto.
Radiografía del impacto: ¿Cuánto se descontaría?
Los equipos técnicos y tributaristas ya analizan el impacto en los recibos de sueldo según tres perfiles de trabajadores en relación de dependencia:
Perfil 1 (Menos de $2.000.000 brutos): Quedarían en el límite o por debajo del nuevo piso proyectado, por lo que su afectación inicial sería nula o marginal.
Perfil 2 (Remuneración en torno a $2.600.000 brutos): Es el segmento bajo mayor amenaza. Al bajar el piso, estos asalariados ingresarían inmediatamente a la escala de retención. En este escalón, la situación familiar será clave: los trabajadores solteros y sin hijos sufrirán los mayores descuentos, mientras que aquellos que puedan deducir cónyuge o hijos lograrán amortiguar el golpe en el neto.
Perfil 3 (Ingresos de $3.460.000 brutos): Son trabajadores que hoy ya están alcanzados pero que verían un salto sustancial en el impuesto determinado. Para un empleado soltero en este rango, la obligación fiscal total pasaría a representar un impacto de aproximadamente $125.000 mensuales de descuento directo en su recibo.
El dilema político y el salvavidas internacional
Para los sectores pymes y los representantes de los trabajadores, la receta del FMI es vista como una medida netamente regresiva que deprimirá aún más el consumo interno al recortar de forma directa el poder adquisitivo del salario formal.
Por su parte, el reloj político corre y plantea un duro dilema para la Casa Rosada. El gobierno tiene el compromiso técnico de presentar la reforma estructural antes de que concluya 2026, una ventana temporal sumamente incómoda debido a la cercanía con el calendario de las elecciones legislativas de 2027.
Paradójicamente, analistas señalan que la estricta condicionalidad del FMI funciona como un «salvavidas político» para el oficialismo: le provee la excusa perfecta ante el electorado de que se trata de una medida antipática pero «obligatoria» para sostener la estabilidad macroeconómica y el crédito internacional.