La secretaria General de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, participó este jueves de una reunión de la Comisión de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad de la Legislatura provincial, donde brindó detalles sobre las políticas públicas impulsadas por el Gobierno cordobés para asistir al sector.
Durante el encuentro, la funcionaria explicó el funcionamiento del Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y repasó las inversiones realizadas entre 2024 y 2026. Además, destacó la decisión de la Provincia de ampliar los recursos económicos destinados al área ante la crisis generada por la reducción de aportes nacionales.
Montero estuvo acompañada por integrantes de distintas áreas vinculadas a discapacidad y fortalecimiento familiar, quienes también aportaron información sobre programas y líneas de acción implementadas en todo el territorio provincial.
En su exposición, la funcionaria señaló que el Fondo Provincial de Inclusión Social fue creado para complementar otras políticas públicas relacionadas con discapacidad y fomentar proyectos orientados a la autonomía personal, la inclusión laboral y el desarrollo social.
Además, presentó datos vinculados al relevamiento de instituciones que trabajan con personas con discapacidad, la cobertura territorial de los programas y la distribución de los recursos económicos.
Uno de los puntos destacados fue el crecimiento de la inclusión laboral: según detalló Montero, el porcentaje de inserción pasó del 57% en 2024 al 71% en 2025.
También se refirió al “Programa AcceDer”, impulsado para ampliar el alcance de la asistencia a personas con discapacidad en distintas localidades de la provincia.
En otro tramo de la reunión, recordó que el gobernador Martín Llaryora anunció este año la ampliación del Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, con una inversión de 4.500 millones de pesos.
A esto se suma la creación del Fondo de Emergencia en Discapacidad “Córdoba Sostiene”, integrado por 2.000 millones de pesos y destinado a ayudar a instituciones que atraviesan dificultades económicas.
Según explicó Montero, esos recursos pueden utilizarse para cubrir gastos de funcionamiento, honorarios profesionales e insumos básicos, con el objetivo de evitar el cierre de espacios de atención y acompañamiento.
“Córdoba Sostiene surgió como respuesta a la crisis que atraviesan las instituciones por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Gobierno nacional”, sostuvo la funcionaria.
Al cierre de la reunión, Montero respondió consultas de legisladores sobre la asistencia a personas sin obra social, el financiamiento a instituciones, los centros de día y otros temas vinculados al sistema de atención en discapacidad.