El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido este viernes 6 de noviembre por el Congreso, luego de que el Senado aprobara por unanimidad su remoción en el marco del juicio político impulsado por el escándalo financiero de Ueno Bank. La votación terminó con 44 legisladores a favor y uno ausente, en una jornada que marcó un punto de inflexión en la crisis institucional que atraviesa el país.

La decisión puso fin anticipadamente al mandato que Peña había iniciado el 15 de agosto de 2023 y se produjo después de varios días de tensión política, protestas y cuestionamientos por el manejo de la entidad financiera, cuya intervención dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

El desenlace llegó luego de que el mandatario intentara renunciar a la Presidencia para evitar la continuidad del proceso parlamentario. Sin embargo, el Congreso no dio curso a su dimisión porque una sesión convocada para tratarla quedó sin cuórum. De esa manera, el juicio político siguió adelante y el Senado asumió la función de tribunal para resolver su destitución.

Durante el procedimiento, Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, pero el pedido fue rechazado. El mandatario tampoco se presentó personalmente ante la Cámara Alta y quedó representado por sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes cuestionaron el desarrollo del proceso y expusieron sus argumentos ante los legisladores.

La crisis de Ueno Bank, en el centro de las acusaciones

El origen del conflicto está vinculado con la intervención de Ueno Bank, una entidad que llegó a reunir cerca de 2,9 millones de clientes y cuya situación financiera derivó en el congelamiento temporal de numerosas cuentas. La medida generó preocupación entre los ahorristas, movilizaciones en distintas ciudades y reclamos para que se garantice la devolución de los fondos.

La crisis también puso bajo la lupa los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el entorno del grupo propietario de la entidad, del que se había desvinculado en marzo de 2025. Entre los cuestionamientos planteados durante el juicio político figuraron posibles conflictos de intereses, la designación de funcionarios con antecedentes en el sector financiero involucrado y la presunta concentración de recursos públicos en el banco.

En particular, los legisladores señalaron posibles irregularidades en la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social y cuestionaron la actuación de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero. Peña negó haber cometido irregularidades.

La crisis tuvo un fuerte impacto social y político. Además de los clientes que quedaron sin acceso normal a sus cuentas, trabajadores y ahorristas protagonizaron protestas frente al Congreso, mientras crecían los reclamos para que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Qué puede pasar con Santiago Peña tras la destitución

La salida del mandatario abre ahora un nuevo escenario institucional. El vicepresidente Pedro Alliana quedó como sucesor previsto para completar el período presidencial, que se extiende hasta agosto de 2028. El pedido de juicio político en su contra, presentado en paralelo, había sido rechazado previamente por la Cámara de Diputados.

La destitución también puede tener consecuencias en el plano judicial. Al ser removido mediante un juicio político, Peña no accedería a los beneficios institucionales que la Constitución paraguaya reconoce a los expresidentes elegidos democráticamente que no fueron condenados por este mecanismo. En ese contexto, podría quedar sujeto a las investigaciones penales que se abrieron por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank.

De todos modos, la decisión parlamentaria no equivale a una condena penal. Será la Justicia la que deberá determinar si existieron delitos y establecer las eventuales responsabilidades del exmandatario y de los demás involucrados.

Con este desenlace, Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo elegido democráticamente en ser destituido mediante un juicio político desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989. El antecedente más cercano fue el de Fernando Lugo, removido por el Congreso el 22 de junio de 2012.

La resolución del Senado profundiza la crisis política y financiera en Paraguay, donde las autoridades deberán afrontar ahora dos desafíos centrales: esclarecer las denuncias que rodean a la entidad bancaria y encontrar una salida para los millones de clientes afectados.