Buenos Aires. Durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció ayer que el Gobierno bajará las retenciones para el trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% a partir de junio de este año. Asimismo, confirmó que desde enero de 2027, y sujeto a los resultados de la recaudación, se aplicará una reducción mensual de entre el 0,25% y el 0,5% en las retenciones de la soja, un esquema que continuará de manera sostenida hasta 2028 en caso de ser reelecto.
El mandatario aclaró que la medida no se limitará al sector agropecuario, sino que también alcanzará a la industria automotriz, la petroquímica y la de maquinarias. El cronograma para estos sectores prevé bajas desde julio próximo hasta junio de 2027 con el objetivo de llevar los derechos de exportación a cero, esquema que será detallado por el Ministerio de Economía en los próximos días. "Nuestra misión es achicar el Estado para bajar impuestos", afirmó Milei, vinculando el recorte del gasto público con la expansión del mercado y la libertad económica.
Las reacciones del sector productivo no se hicieron esperar. Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) celebraron el anuncio y ofrecieron su colaboración al Ministerio de Economía para evitar distorsiones en la comercialización. Por su parte, el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales destacó la importancia de avanzar hacia reglas previsibles que mejoren la formación de precios. En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) recibió la medida con optimismo para recuperar competitividad, aunque mantuvo firme su posición histórica de solicitar la eliminación total de los derechos de exportación.
Respecto al impacto fiscal de la medida, analistas recuerdan que tras las bajas aplicadas en diciembre de 2025, consultoras privadas estimaron costos significativos para las arcas públicas. Para el año 2026, Romano Group proyectó un costo cercano a los USD 580 millones, mientras que la consultora LCG estimó una pérdida de recaudación de alrededor de USD 687 millones, en un contexto donde los derechos de exportación representaban un poco más del 4% de los recursos tributarios nacionales.