La Justicia Federal de Córdoba condenó este viernes a los principales responsables de la organización conocida como la secta de los “sanadores egipcios”, que funcionaba bajo la estructura de la Fundación Académica Sêshen, en la región de Traslasierra. El Tribunal Oral Federal N.º 2 impuso 18 años de prisión a Álvaro Juan Aparicio Díaz y 9 años a su esposa, Carolina Cannes.
Ambos fueron juzgados por una serie de hechos vinculados con la trata de personas con fines de explotación laboral y económica, reducción a la servidumbre, abusos sexuales y estafas, entre otros delitos investigados durante el proceso.
Además de las penas de prisión, el fallo estableció reparaciones económicas para las víctimas por un total de 806 millones de pesos, con montos individuales que van desde los 71 hasta los 126 millones de pesos.
Cómo funcionaba la organización en Traslasierra
La investigación judicial reconstruyó el funcionamiento de la Fundación Académica Sêshen entre 2014 y 2021. Según la acusación, la organización captaba personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad mediante propuestas de supuesta sanación egipcia, lecturas energéticas y capacitaciones.
Posteriormente, algunas de ellas eran trasladadas al predio rural Pozos Azules, ubicado en San Lorenzo, cerca de Villa Cura Brochero. Allí, de acuerdo con la investigación, eran sometidas a trabajos de desmonte, agricultura y construcción sin recibir remuneración.
Los principales acusados utilizaban los nombres de Sahú Ari Merek, en el caso de Aparicio Díaz, y Maestra Zaturrá, en el de Cannes, dentro de la estructura que conducían.
Las indemnizaciones para las víctimas
La sentencia contempló ocho reparaciones económicas individuales: $126 millones, $79 millones, $107 millones, $125 millones, $109 millones, $79 millones, $71 millones y $110 millones.
El expediente había comenzado en la Justicia provincial y posteriormente pasó al fuero federal. En el desarrollo de la causa, 11 personas que inicialmente habían sido imputadas terminaron sobreseídas y fueron consideradas víctimas. Varias de ellas intervinieron en el juicio como querellantes.
Durante los alegatos, la Fiscalía había solicitado penas más elevadas: 25 años de prisión para Aparicio Díaz y 15 para Cannes. Sin embargo, el tribunal finalmente resolvió condenarlos a 18 y 9 años, respectivamente.
De esta manera, concluyó una de las investigaciones judiciales más relevantes vinculadas con explotación de personas y abusos en el Valle de Traslasierra.