Una investigación judicial iniciada a partir del robo sufrido por un prestamista de la ciudad de Jesús María terminó por destapar lo que las autoridades provinciales consideran una de las organizaciones delictivas más complejas y con mayor capacidad económica detectadas en los últimos años en Córdoba.

El operativo, desarrollado de manera conjunta entre las policías de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, permitió concretar más de 40 allanamientos en la capital cordobesa y distintas localidades del interior provincial, con un saldo parcial de 13 personas detenidas y el secuestro de bienes valuados en millones de pesos.

La magnitud del procedimiento fue presentada este martes por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien destacó el nivel de organización y sofisticación alcanzado por la estructura criminal investigada.

Una causa que comenzó en Jesús María

La investigación es conducida por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, y tuvo su origen en el asalto sufrido por un prestamista de esa ciudad.

Con el avance de las tareas investigativas, los investigadores lograron reconstruir una trama delictiva mucho más amplia, que involucraba presuntamente robos, estafas, asociación ilícita y otros delitos cometidos en distintas jurisdicciones del país.

Las pesquisas se extendieron durante varios meses y permitieron identificar una organización con presencia operativa en al menos tres provincias, con capacidad logística, recursos económicos y una estructura destinada no solo a la ejecución de delitos sino también al manejo y administración del dinero obtenido de manera ilegal.

Más de 40 allanamientos y 13 detenidos

Como resultado del operativo conjunto, hasta el momento fueron detenidas 13 personas, entre ellas dos mujeres, aunque la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas imputaciones y arrestos en las próximas horas.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y del interior provincial, bajo un esquema de coordinación entre las fuerzas policiales de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Además de las detenciones, la Justicia avanzó sobre el patrimonio presuntamente vinculado a las actividades ilícitas de la organización.

Vehículos de lujo, armas y dinero

Durante los allanamientos se secuestró una importante cantidad de bienes y elementos considerados de interés para la causa.

Entre ellos figuran más de una docena de vehículos de alta gama, motocicletas, armas de fuego, inhibidores de alarmas utilizados habitualmente para neutralizar sistemas de seguridad, drones, teléfonos celulares y numerosos dispositivos electrónicos.

También fueron incautadas sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, joyas, electrodomésticos y otros bienes cuyo origen será analizado en el marco de la investigación patrimonial que acompaña la causa penal.

Para los investigadores, gran parte de ese patrimonio podría haber sido adquirido mediante actividades ilícitas y posteriormente utilizado para fortalecer la estructura criminal y ampliar su capacidad operativa.

Durante la presentación de los resultados, Quinteros sostuvo que el combate al crimen organizado exige ir más allá de la detención de quienes ejecutan los delitos y avanzar sobre las estructuras financieras que sostienen a estas organizaciones.

«Tenemos que ir detrás del lavado de activos y del dinero que genera el delito. No alcanza con detener delincuentes; también debemos desarticular el poder económico que les permite seguir creciendo y sofisticándose», señaló el funcionario.

El ministro afirmó además que la banda investigada representa una de las organizaciones más complejas detectadas durante su gestión al frente de la cartera de Seguridad.

«Hace dos años y medio que soy ministro y hemos desarticulado numerosas bandas. Esta es una de las más sofisticadas, de las más grandes y de mayor poder económico que hemos investigado», afirmó.

Uno de los aspectos que las autoridades destacaron especialmente fue el nivel de coordinación alcanzado entre distintas provincias para avanzar sobre una organización que operaba simultáneamente en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Aunque el operativo significó un duro golpe para la organización, la causa está lejos de concluir. La Justicia continúa analizando la documentación secuestrada, los movimientos patrimoniales y la información obtenida de los dispositivos electrónicos incautados.