El legislador provincial por el departamento Punilla, Walter Gispert, presentó una acción de amparo por mora ante la Justicia para que la Defensoría del Pueblo de Córdoba entregue información detallada sobre la totalidad de su plantilla de personal y las contrataciones del organismo.
La medida judicial se dio tras no obtener una respuesta completa a los pedidos de informe realizados previamente. Aunque desde la institución remitieron documentación institucional y derivaron la consulta al Portal de Transparencia, no brindaron los datos puntuales sobre la estructura de los trabajadores.
El requerimiento de Gispert abarca la nómina completa de empleados de planta permanente, transitorios y contratados, junto con las funciones que cumple cada uno, las áreas donde se desempeñan, las fechas de ingreso, el tipo de contratación y los salarios u honorarios que perciben.
A través de esta acción ante los tribunales, el parlamentario busca que se ordene al organismo responder de manera precisa cada uno de los puntos solicitados, remarcando que cualquier restricción al acceso a estos datos debe contar con un sustento legal explícito.
El control de los fondos públicos
La presentación forma parte de una serie de reclamos que el legislador y el Frente Cívico vienen impulsando respecto al funcionamiento de los organismos estatales en la provincia.
Gispert enmarcó este pedido en el mismo contexto de las solicitudes de información sobre el personal de la Unamuno y las modificaciones aplicadas a la ley del Tribunal de Cuentas, señalando que dichas reformas restaron fuerza a los controles del gasto público.
El legislador sostuvo que el acceso a la información pública no puede quedar sujeto a la voluntad de los funcionarios de turno, remarcando que la ciudadanía tiene el derecho a saber quiénes trabajan en las instituciones y cómo se administran los recursos del Estado.
La causa ya se encuentra tramitando en la Justicia y se aguarda una resolución formal que determine los pasos a seguir.