El ex fiscal federal Gustavo Gómez, reconocido por impulsar causas penales contra CEOs de empresas mineras en el caso de Bajo la Lumbrera en Catamarca, sostiene que enfrentar un crimen ambiental implica confrontar intereses económicos y políticos. «Detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto», afirmó durante una entrevista con CDM Noticias, donde también señaló que «enfrentar un crimen ambiental es enfrentar al poder político y al poder económico».

Con más de dos décadas de trayectoria especializada en ambiente, Gómez valoró los cambios producidos en el sistema judicial argentino. «Hoy debe haber en el país en trámite unas 200 causas por delitos ambientales y eso a mí me da una gran alegría pensar de que ya no estamos discutiendo qué es un delito ambiental sino que ya estamos discutiendo, bueno, ¿los metemos presos a estos empresarios que ganan plata con el saldo del ambiente tras la reja o les damos prisión domiciliaria?», expresó el ahora abogado querellante, quien también destacó hitos como la condena a un secretario de Ambiente en Córdoba y el caso Malvinas por agrotóxicos.

Sin embargo, el ex fiscal advirtió sobre las dificultades que persisten para que la población acceda a la justicia. En ese sentido, puso énfasis en la difusión de herramientas que no requieren abogado ni dinero, como el pedido de informes amparado en el Tratado de Escazú y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, y el habeas corpus preventivo. «Es un simple papel, no más de una carilla, donde un ciudadano avisa al juez que no quiere ser investigado, que quiere ser protegido, y que va a mantener su lucha por un derecho», explicó Gómez, quien detalló que tras la Marcha de la Bronca su modelo de habeas corpus preventivo fue descargado más de 70.000 veces de su sitio web www.gustavogomez.ar

Consultado sobre la criminalización de la protesta ambiental, el entrevistado mencionó las consecuencias que sufrieron quienes se opusieron a proyectos extractivos. «Recordar a las maestras de Famatina, por ejemplo, que por su lucha para proteger la Famatina perdieron sus trabajos en las escuelas, o como al cura del pueblo de Famatina lo trasladaron del lugar porque avisaba a campanada limpia la presencia de las empresas mineras», relató. Asimismo, calificó como una creación del poder la figura del «terrorismo ambiental» y consideró que «siempre busca meterle miedo al ciudadano de a pie, para que se quede en su casa, para que no salga, para que no proteste».

El ex fiscal también se refirió a la necesidad de que la ciudadanía comprenda que los delitos ambientales no requieren un daño consumado para ser denunciados. «Un delito ambiental no necesita que tenga un resultado negativo para que sea delito. Es como el narcotráfico», comparó, y añadió que «es suficiente con que le hayan prendido fuego» a un basural para que exista un delito de peligro abstracto. En esa línea, señaló que «al ciudadano cordobés le cuesta mucho reconocerse víctima de un delito ambiental. Tiene que ser algo que te golpee en la cara con mucha fuerza».

Respecto del acceso gratuito a la defensa, Gómez informó que la Defensoría General de la Nación ya cuenta con Defensores Oficiales de las Víctimas en todas las defensorías federales, aunque advirtió que Córdoba presenta retrasos en ese aspecto. «Córdoba tiene un concepto del Sistema de Administración de Justicia muy monárquico y por lo tanto le cuesta todavía crear instituciones como Defensores Oficiales de las Víctimas dentro del Sistema Provincial», opinó.

Por último, al ser consultado sobre el nuevo régimen penal juvenil, el ex fiscal sostuvo que cualquier reforma debe respetar el mandato constitucional de reeducación y no de castigo. «Si vamos a hacer un régimen juvenil para bajar la edad de punibilidad y establecerlo para que se posibilite más fácilmente la reeducación de estos jóvenes que han perdido el rumbo, me parece bien. Ahora, si lo vamos a hacer para tenerlos encerrados y que no jodan al resto de la sociedad, es tremendo, es inconstitucional», manifestó Gómez, quien abogó por la justicia restaurativa y relató una audiencia en la que una víctima pidió visitar a su victimario para ayudarlo a cambiar.

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