Buenos Aires. La implementación de uno de los cambios centrales incluidos en la reforma laboral sufrió una nueva postergación. El Gobierno confirmó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no entrará en vigencia en junio, como estaba previsto originalmente, y dejó sin definición una nueva fecha para su puesta en marcha.
En las últimas semanas, distintos sectores empresarios y estudios especializados habían advertido sobre las demoras en la reglamentación de algunos artículos de la reforma aprobada el año pasado. Entre ellos aparecía el FAL, un mecanismo diseñado para reemplazar parte de las contribuciones patronales que actualmente realizan las empresas y que tenía como objetivo reducir costos asociados a nuevas contrataciones.
Aunque desde el Ejecutivo no dieron precisiones sobre una nueva fecha de puesta en marcha, la confirmación de que el esquema no comenzará a regir en junio implica que todavía restan definiciones técnicas y normativas para su implementación. La situación se produce en un contexto en el que parte de la reforma laboral ya fue reglamentada y comenzó a aplicarse, mientras otros capítulos continúan pendientes.
Varios de los cambios planteados sobre el mercado de trabajo requieren decretos reglamentarios y resoluciones complementarias para poder entrar efectivamente en vigencia. Durante mayo crecieron las consultas en torno al estado de situación del FAL porque distintos artículos de la ley ponían a junio como fecha de inicio para el nuevo régimen, y la falta de definiciones oficiales había despertado dudas sobre el cumplimiento del cronograma.
¿Qué es el FAL?
El FAL fue diseñado como un sistema alternativo para financiar parte de las obligaciones vinculadas a las relaciones laborales formales. La intención oficial es que funcione como un mecanismo de cobertura frente a contingencias derivadas del vínculo laboral, al tiempo que reduzca el peso de determinadas contribuciones patronales.
La propuesta contempla que los empleadores realicen aportes mensuales a un fondo específico administrado bajo un esquema aún no definido completamente, buscando reemplazar otros costos asociados al sistema laboral tradicional. Según lo previsto en la normativa aprobada el año pasado, el nuevo régimen apunta principalmente a incentivar la contratación formal de trabajadores, orientado de manera especial a micro, pequeñas y medianas empresas, donde la informalidad tiene mayor incidencia.
El esquema también aparece vinculado con otros cambios, como la regularización de trabajadores no registrados y la flexibilización de ciertos procedimientos administrativos para empleadores. Uno de los puntos centrales es la posibilidad de sustituir algunos componentes vinculados a indemnizaciones o contingencias laborales mediante aportes periódicos al fondo, modificaciones que exigen una reglamentación que por el momento no fue publicada.