La secretaria General de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, reconoció este jueves en la Legislatura provincial que el sector de discapacidad atraviesa una “severa crisis”, en medio de las dificultades económicas que enfrentan instituciones y prestadores vinculados a la atención y asistencia de personas con discapacidad.
La funcionaria participó de una reunión de la Comisión de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, donde brindó detalles sobre las políticas provinciales implementadas para afrontar la situación y respondió distintos pedidos de informes realizados por legisladores.
Durante la exposición, Montero remarcó que la crisis se profundizó por el retiro y recorte de asistencia nacional, y confirmó que la Provincia amplió los fondos destinados al sector para intentar sostener el funcionamiento de instituciones y programas.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la ampliación del Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, que contará con una inversión de 4.500 millones de pesos durante 2026.
Además, el Gobierno provincial creó el Fondo de Emergencia en Discapacidad “Córdoba Sostiene”, integrado por 2.000 millones de pesos para asistir a organizaciones y entidades que prestan servicios a personas con discapacidad.
Según detallaron, esos recursos podrán destinarse al pago de honorarios profesionales, gastos corrientes, funcionamiento e insumos, con el objetivo de evitar que se interrumpan prestaciones y actividades esenciales.
Montero sostuvo que el fondo de emergencia fue impulsado como respuesta a la crisis generada “por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Gobierno nacional”.
Durante la reunión también se presentaron datos vinculados a programas de inclusión laboral y territorial, además de informes sobre cobertura, financiamiento y asistencia a instituciones en distintos puntos de la provincia.
